Se denuncia la profunda corrupción y el entramado político-técnico que rodea a los registros automotores en Argentina, donde familiares y militantes de diversos partidos políticos ocupan puestos clave.
Se estima que estos registros generan alrededor de 300 mil millones de pesos anuales, una parte significativa de los cuales no llega al Tesoro Nacional, sino que se distribuye de forma irregular, incluso pagando sueldos en negro.
Se propone desarticular este sistema para que los fondos lleguen directamente al Tesoro Nacional y se distribuyan de forma transparente entre los ministerios de Justicia y Seguridad, sugiriendo que muchos se beneficiaban de este sistema.