La reforma a la ley penal juvenil, que rebaja la edad de imputabilidad a los 14 años tras su publicación, implicará que los menores de edad que cometan delitos podrán ser juzgados y enfrentar consecuencias como tareas comunitarias, incluso si la pena es menor a tres años de prisión.
Se subrayó que, independientemente de la pena de cárcel, los jóvenes quedarán con un antecedente penal, lo que puede afectar su futuro laboral y personal.
Se mencionó el caso de Fernando y los rugbiers como ejemplo de la gravedad de las acciones cometidas por jóvenes, y se destacó que la participación como cómplice o partícipe, incluso filmando o difundiendo contenido, conlleva responsabilidad penal.
Se hizo hincapié en la necesidad de educar y prevenir, instando a los jóvenes a alejarse de situaciones de riesgo y a tomar conciencia de que sus acciones tienen consecuencias legales, no siendo excusa el argumento de que "todos lo hacen".