Se analiza la Ley de Financiamiento de las Universidades, sancionada por el Congreso y vetada por el Poder Ejecutivo.
Se debate si la ley, al actualizar partidas por inflación, genera un gasto nuevo o simplemente ajusta valores existentes. Se argumenta que la actualización por inflación no implica un gasto nuevo, sino una adaptación a la realidad económica.
Se menciona que la ley no llegó al recinto del Congreso debido a una discusión en comisión.