Se generó un debate sobre la ley de financiamiento universitario y la toma de colegios, con posturas encontradas entre los participantes.
Un panelista defendió la protesta estudiantil, argumentando que la falta de salarios dignos para los docentes impide el estudio, mientras otro panelista, identificado como Eduardo, cuestionó la legitimidad de tomar instituciones educativas, calificándolo de delito.
Se planteó la duda sobre si el presidente comete un delito al no cumplir la ley de financiamiento universitario y priorizar un decreto presidencial. La discusión subió de tono, con interrupciones y expresiones de enojo.