La promulgación de una ley en Bolivia que elimina límites al estado de excepción no implica su activación automática, ya que requiere decreto presidencial y aprobación de la Asamblea Legislativa. La medida surge en medio de creciente presión política por parte de sectores sociales que paralizan La Paz.
El presidente Rodrigo Paz enfrenta un paro indefinido de choferes y demandas de renuncia. Organizaciones alertan sobre posibles violaciones a derechos humanos con la ley de excepción, pero el gobierno buscará el diálogo para evitar su aplicación. La polarización y conflictividad social marcan la gestión de Paz.