La sede del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en Madrid fue registrada durante 13 horas por la policía en el marco de una investigación judicial sobre una presunta trama para desestabilizar procedimientos contra el partido y el gobierno. El juez indaga si el exsecretario general del PSOE, Santos Zerdán, pagó fondos del partido a la exmilitante Leire Díez para entorpecer investigaciones relacionadas con la hermana del presidente del gobierno.
Estos casos salpican al partido de Pedro Sánchez, incluyendo la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. A pesar de la crisis judicial, Sánchez afirmó que no convocará elecciones anticipadas, argumentando que deben ser por interés general y no partidista, en un contexto de guerras y crisis que exigen respuestas eficaces del Estado.
La corresponsal Nicole Riz describió la situación como una crisis inédita y de máxima debilidad para el socialismo español. A pesar de los intentos del gobierno por mantener la calma, existe alta tensión, especialmente considerando que es un gobierno minoritario que depende de socios. La oposición (Partido Popular y Vox) pide elecciones anticipadas pero no tiene la mayoría necesaria para una moción de censura. Los socios de Sánchez muestran preocupación, y partidos como Unidos Podemos consideran la situación delicada.