Las protestas en Bolivia, que llevan cuatro semanas, están afectando gravemente la economía de los microempresarios, quienes generan ocho de cada diez empleos en el país. Héctor Huanca, un artesano del cuero, ha reducido su producción al mínimo debido al encarecimiento de los insumos y las dificultades para acceder a ellos, lo que le impide cumplir con sus pedidos.
Mientras tanto, en La Paz, la tensión social y política aumenta. El presidente Rodrigo Paz ha promulgado una ley que elimina los límites al estado de excepción, aunque su activación automática requiere un decreto y la aprobación de la Asamblea Legislativa. Esta medida se da en un contexto de creciente presión de diversos sectores sociales que han paralizado la ciudad, incluyendo un paro indefinido de choferes que exigen la renuncia del presidente.
Organizaciones han alertado sobre posibles violaciones a los derechos humanos con la aplicación de la ley de excepción, pero los manifestantes han anunciado su resistencia. A pesar de ello, el gobierno de Paz busca evitar esta medida a través del diálogo. El presidente, que asumió hace seis meses, enfrenta una profunda polarización y alta conflictividad social, con fisuras en su base de apoyo mientras intenta paliar la crisis económica.