El gobierno propone la Ley del Lobby para regular la actividad de quienes gestionan intereses ante funcionarios públicos. La iniciativa busca crear un registro de lobistas para transparentar estas gestiones.
La ley establecería quién puede representar intereses y bajo qué condiciones, con el objetivo de evitar conflictos de interés y prácticas poco claras. Aquellos que realicen esta actividad sin estar registrados podrían enfrentar sanciones, incluso penales.