Se denuncia la impunidad de delincuentes de alto perfil, como los implicados en lavado de dinero para el Comando Vermelho, quienes residen en barrios privados de Nordelta y continúan delinquiendo.
Se argumenta que la falta de recursos de las víctimas para contratar abogados sólidos permite que la justicia no impulse activamente la búsqueda de estos individuos, quienes gozan de una aparente protección.
Se critica la falta de acción de oficio por parte de la justicia y la policía, permitiendo que estos delincuentes continúen operando con libertad a pesar de su historial delictivo.