El Gobierno, a través de la Secretaría de Transporte, eliminó un régimen que desde 2018 brindaba un subsidio económico a las empresas de colectivos de larga distancia para garantizar el boleto gratuito de personas con discapacidad, trasplantadas y niños con cáncer.
Esta medida, publicada en el Boletín Oficial, obliga a las empresas a cubrir el costo de estos pasajes, los cuales son un derecho garantizado por ley. Las empresas argumentan que desde diciembre de 2024 ya no recibían este fondo y que el Estado les adeuda 27 mil millones de pesos.
La situación genera un nuevo conflicto entre el gobierno nacional y los empresarios del sector, quienes afirman que el tema continuará por la vía judicial.