El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y el Congreso han decidido eliminar la ley que regulaba los estados de excepción. Esta medida se da en un contexto de cuatro semanas de protestas y bloqueos en el país, especialmente en La Paz y la región del Alto.
La ley, vigente desde 2020, imponía límites y controles legislativos a los estados de excepción, estableciendo un máximo de 60 días de aplicación, prohibiendo nuevas declaraciones sin autorización legislativa y limitando las sanciones por incumplimiento a multas equivalentes al 10% del salario mínimo. Además, anulaba las exenciones de responsabilidad para servidores públicos en la ejecución de estas medidas.
Con la anulación de esta ley, solo el marco constitucional queda vigente, lo que genera interrogantes sobre la aplicación de futuras medidas. La situación de tensión en el país persiste, con la policía desplegada en diversas zonas ante las manifestaciones diarias.