En Bolivia, se han eliminado la ley que regulaba los estados de excepción y sus límites, en medio de protestas y bloqueos que llevan cuatro semanas, especialmente en La Paz y El Alto. La decisión del presidente Rodrigo Paz y el Congreso deja vigente solo el marco constitucional, generando interrogantes sobre la aplicación de futuras medidas.
La norma derogada, de 2020, imponía controles legislativos a los estados de excepción, limitándolos a 60 días y prohibiendo nuevas declaraciones sin autorización. Ahora, la anulación de esta ley abre la puerta a interpretaciones más amplias sobre las facultades del ejecutivo en situaciones de crisis.
Se observa una fuerte tensión social, con la policía desplegada en diversas zonas. Las manifestaciones diarias persisten, evidenciando la profunda conflictividad en el país y la incertidumbre sobre cómo se gestionarán las próximas medidas ante la escalada de bloqueos.