El gobierno de Javier Milei enfrenta críticas por la falta de impacto positivo en el bolsillo de la gente, a pesar de la baja en la inflación. Los ajustes y desregulaciones en alquileres, prepagas y tarifas generan preocupación.
Según datos del INDEC, el salario registrado promedio tuvo un aumento del 291% desde diciembre hasta febrero, pero este porcentaje es inferior a la inflación de servicios, que alcanzó el 420%. Esto significa que los bienes y servicios básicos consumen una parte significativa del salario, dejando poco para otros gastos.
El aumento de los servicios, como transporte, alquileres y tarifas, supera ampliamente el incremento salarial, lo que dificulta la situación económica de las familias. La gente se ve obligada a modificar sus hábitos de consumo y a recurrir a múltiples trabajos para poder llegar a fin de mes.
La narrativa oficial contrasta con la realidad que viven los ciudadanos, quienes experimentan un deterioro en su poder adquisitivo. La esperanza es que las medidas económicas comiencen a reflejarse positivamente en la economía familiar.