Se analiza la Ley de Zonas Frías, que incluye un capítulo sobre subsidios al gas y otro sobre distribuidoras eléctricas como Edenor y Edesur. Estas empresas adeudan una suma millonaria a Camesa por la compra de energía, deuda que se intenta saldar mediante un cálculo de las pérdidas sufridas por congelamientos tarifarios.
Se cuestiona por qué solo estas dos distribuidoras reciben este beneficio y no otras empresas reguladas por el Estado, como las distribuidoras de gas. También se plantea qué sucederá con las empresas provinciales y la posible conflictividad entre la Nación y las provincias si estas últimas deben hacerse cargo de las deudas.
Se pone en duda la metodología para establecer los costos y tarifas, y se advierte sobre la posibilidad de que los dueños de empresas de servicios públicos inflen los costos mediante la contratación de servicios propios (seguridad, limpieza) o el endeudamiento de las empresas. Se pregunta quién controlará estos costos y realizará auditorías.