Se investiga un presunto sistema viciado en el cobro de fotomultas en la Provincia de Buenos Aires, que podría anular todas las multas emitidas. El sistema es sospechado de ser meramente recaudatorio y ha generado numerosas quejas y denuncias cruzadas.
El municipio de San Isidro dejó de cobrar fotomultas desde enero de 2025, al considerar el sistema irregular. Se estima que este sistema representa una "caja" política que involucra a la provincia, municipios y universidades, moviendo aproximadamente 11 millones de dólares anuales.
La distribución de lo recaudado es del 20% para la provincia y 80% para el municipio. En rutas nacionales, la Nación recauda el 5%. Sin embargo, el procedimiento para el cobro de fotomultas por parte de los municipios mediante convenios con empresas privadas y universidades es cuestionado por la falta de agentes estatales que constaten la infracción, lo que podría invalidar las actas.