Se investigan posibles irregularidades en la recaudación de fotomultas en la provincia de Buenos Aires, involucrando a diversas empresas y funcionarios. Se sospecha que algunas de estas empresas, como Caicitra, SecuTrans y TN Group, tendrían vínculos con ex y actuales funcionarios, lo que generaría un conflicto de intereses.
La situación se complica porque algunas universidades habrían cedido su rol de fiscalización a estas empresas, sin la debida participación de agentes públicos. Un caso particular es el de la Universidad de Pilar, donde un gerente de una empresa de fotomultas era también funcionario de la universidad, firmando de ambos lados.
Esto podría derivar en una demanda colectiva por parte de automovilistas que pagaron multas consideradas irregulares, solicitando la devolución del dinero. La justicia federal ya está interviniendo en algunas causas relacionadas.
Ante esta situación, algunos municipios como Avellaneda y la Ciudad de Buenos Aires han optado por fiscalizar las fotomultas de manera directa, con personal propio y mediante licitaciones, logrando recaudar más que otros municipios con mayor cantidad de cámaras.
El problema fiscal para la provincia y los municipios es considerable, y existe temor a que la anulación de estas multas "tire abajo todo un sistema".