El gobierno publicó un decreto que elimina la obligatoriedad de financiar pasajes gratuitos para personas con discapacidad, trasplantados, en lista de espera y niños con cáncer, que hasta ahora era cubierto por el Estado a través de subsidios a empresas de transporte de larga distancia.
A pesar de la eliminación del financiamiento estatal, el decreto estipula que las empresas deben continuar ofreciendo el servicio de forma gratuita. Esto genera un nuevo frente de conflicto, ya que las empresas argumentan no contar con los fondos necesarios para sostenerlo.
Se prevé que las empresas busquen negociar con el gobierno o aplicar restricciones en la cantidad de pasajes, afectando a las personas que dependen de este beneficio para tratamientos médicos y traslados.