El gobierno nacional dejará de subsidiar los pasajes de micros de larga distancia para personas con discapacidad, una medida que genera preocupación y es vista como un golpe a los sectores más vulnerables.
Las empresas de transporte argumentan que desde 2024 ya se venían haciendo cargo de estos costos tras la desregulación del sector, y que actualmente existe un litigio legal con el Estado. Se estima que esta medida afectaría a entre un millón y un millón y medio de pasajes gratuitos por año, que representan aproximadamente el 7% de los 20 millones de viajes anuales en micro.
La diputada Natalia de la Sota presentó una iniciativa de ley para revertir la resolución publicada en el Boletín Oficial. Se critica el incumplimiento de la ley de emergencia en discapacidad por parte del gobierno y la falta de una mirada integral hacia este colectivo, que requiere la presencia y el apoyo del Estado.