Se investiga un presunto sistema viciado en las fotomultas de la Provincia de Buenos Aires, sospechado de ser meramente recaudatorio y con posibles nulidades en las actas.
Se menciona que San Isidro dejó de cobrar fotomultas desde enero de 2025, y se describe el sistema como una "caja" política que involucra a la provincia, municipios y universidades.
El sistema, que mueve millones de dólares mensuales, reparte el 20% a la provincia y el 80% al municipio, con mecanismos que involucran convenios con universidades para evitar licitaciones directas con empresas privadas.
Se cuestiona la falta de constatación por parte de un funcionario público y la participación de empresas privadas y universidades en un proceso que podría ser ilegal según el convenio de tránsito nacional.