Se informa que Zulma y su familia tienen cinco meses para abandonar el terreno que ocupan, según dictamen judicial. A pesar de la orden de desalojo, se apela a la solidaridad para encontrar una solución habitacional y laboral.
Se destaca que, si bien el dueño tiene derecho a reclamar su propiedad, no debió haber recurrido a la violencia. La fiscalía interviene en la causa por agresión.
Se hace un llamado a la comunidad para ofrecer ayuda, ya sea con trabajo digno, vivienda o cualquier otro tipo de asistencia que permita a la familia comenzar de cero.