Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, ha intensificado la presión económica sobre Irán mediante un nuevo paquete de sanciones destinado a debilitar su entramado financiero y marítimo. Las medidas apuntan a casas de cambio, empresas fachada y una flota de 19 buques, acusados de facilitar el comercio de petróleo y productos petroquímicos, y de sostener actividades desestabilizadoras en Oriente Medio, el respaldo a organizaciones armadas y programas militares.
Entre los objetivos clave se encuentra Amine Change, una casa de cambio iraní que opera a través de sociedades pantalla en Emiratos Árabes Unidos, Turquía, China y Hong Kong, presuntamente utilizada para blanquear fondos de bancos y empresas iraníes ya sancionados. Esta ofensiva, parte de la estrategia de "furia económica", busca cortar los canales financieros clandestinos que permiten a Teherán evadir las restricciones occidentales.
El endurecimiento de las sanciones coincide con un momento de alta tensión geopolítica regional y global, y busca cerrar las vías alternativas que permiten a Irán mantener ingresos energéticos. Washington también ofrece recompensas por información que ayude a desarticular redes financieras vinculadas a la Guardia Revolucionaria Islámica.
Trump ha instado a sus aliados europeos a unirse a la presión sobre los financiistas iraníes, identificando empresas fantasmas y cerrando canales bancarios. La política exterior estadounidense amplía su enfoque, persiguiendo no solo a gobiernos hostiles sino también a las redes privadas que sostienen economías paralelas, marcando el regreso del petróleo como un elemento central en la disputa geopolítica.