Estados Unidos ha endurecido la presión económica sobre Irán con un nuevo paquete de sanciones destinado a golpear su entramado financiero y marítimo. La medida apunta contra casas de cambio, empresas fachada y una flota de 19 buques, acusados de facilitar el comercio de petróleo y productos petroquímicos iraníes.
Según el Departamento del Tesoro, las sanciones buscan desarticular los mecanismos que permiten a Teherán mover miles de millones de dólares a través de redes financieras clandestinas. Se señala a "Amine Change", una casa de cambio iraní, por operar mediante sociedades pantalla en varios países para blanquear fondos vinculados a bancos y empresas estatales sancionados.
Esta ofensiva forma parte de la estrategia de "furia económica" de la Casa Blanca, que busca profundizar la política de máxima presión sobre Irán. El gobierno estadounidense sostiene que estos recursos financian actividades desestabilizadoras en Oriente Medio, respaldan a organizaciones armadas y sostienen programas de desarrollo militar y grupos terroristas.
El endurecimiento de las sanciones coincide con un momento de alta tensión geopolítica regional y global. Washington busca cerrar las vías de ingreso de Irán, que ha construido complejas redes comerciales y financieras para evadir controles internacionales. El programa "Recompensas por la Justicia" ofrece hasta 15 millones de dólares por información sobre redes financieras vinculadas a la Guardia Revolucionaria Islámica.
Trump ha instado a los aliados europeos a identificar empresas fantasmas y cerrar canales bancarios iraníes. La política exterior estadounidense se amplía para perseguir no solo gobiernos hostiles, sino también redes privadas que sostienen economías paralelas y eluden el sistema financiero global, con el petróleo como eje central de esta disputa.