En el Día de la Independencia de Cuba, Estados Unidos, a través del Departamento de Justicia, anunció la acusación formal contra el expresidente Raúl Castro por el derribo de dos avionetas de la organización "Hermanos al Rescate" en 1996. Los cargos incluyen asesinato, conspiración para matar ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves.
El presidente cubano Miguel Díaz-Canel calificó la acusación como una maniobra política sin base jurídica y una posible justificación para una agresión militar. El gobierno cubano condenó la acusación, calificándola de "canalla" y "provocación política", y afirmó que los implicados actuaron en deber de proteger el espacio aéreo cubano.
En Miami, la noticia fue recibida con euforia por exiliados cubanos, quienes exigieron la extradición de Castro y otros funcionarios. Consideran que la acusación es una oportunidad para presionar por un cambio en Cuba, especialmente si Donald Trump está en el poder.
Sin embargo, la situación presenta complejidades: Raúl Castro tiene 94 años, no hay evidencia de que haya abandonado la isla y no existe un tratado de extradición con Estados Unidos. Rusia y China expresaron su solidaridad con Cuba, calificando la acusación como persecución política. El gobierno cubano advirtió que cualquier intento de acción militar encontraría resistencia.