Se denuncia que el gobierno actual utiliza una bomba de humo para llevar a cabo negocios que condicionan al país a largo plazo. Se menciona que mientras se discuten acciones pasadas de otros gobiernos, se están realizando acuerdos perjudiciales para el futuro.
Se critica la posibilidad de que funcionarios como Adorni adquieran más propiedades a través de estos negocios. Se sugiere que una investigación a los integrantes del gobierno revelaría corrupción generalizada.
La mención a la ley de propiedad privada se asocia con la intención de facilitar estas entregas de negocios a 40 o 50 años, superando incluso lo hecho por Menem en su momento, cuyas privatizaciones fueron de 25 años.
Se advierte que el RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) otorga jurisdicción y dificulta la reversión de estos acuerdos, incluso si el peronismo gana futuras elecciones.