El gremio de profesionales de Vialidad Nacional presentó una denuncia penal contra los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Regulación, Federico Sturzenegger. La acusación se centra en la retención de 604 mil millones de pesos destinados a obras de infraestructura vial, fondos que debían ser girados según lo estipulado por ley.
Se denuncia que el 70% de las rutas nacionales se encuentran en mal estado, acumulando una deuda de 500 millones de dólares en concepto de deterioro. Esta situación afecta la seguridad vial, genera problemas logísticos y aumenta los costos para las empresas. El gremio advierte que el mal estado de las rutas podría ser causal de denuncias contra el Estado Nacional por accidentes viales.
La decisión de paralizar las obras de infraestructura, incluyendo viviendas, implica un mayor costo de recuperación y agrava la crisis habitacional en Argentina. Los fondos retenidos, provenientes de impuestos como el de los combustibles líquidos, habrían sido desviados para alcanzar el superávit fiscal, a pesar de la urgente necesidad de invertir en infraestructura y reactivar las economías regionales.