En Bolivia se vive una profunda crisis social que se agrava por las políticas del gobierno actual y el boicot de opositores. Esto ha llevado a que muchas mujeres embarazadas, incluyendo adolescentes, huyan de su país para dar a luz en Argentina, buscando mejores condiciones y atención médica.
Se sospecha la existencia de bandas organizadas y mafias que facilitan estos tours de maternidad, aprovechando la situación de vulnerabilidad de las mujeres. Estas redes ofrecerían viajes de turismo que en realidad son rutas hacia hospitales argentinos, especialmente en Salta y Jujuy, donde se busca atención médica gratuita o a bajo costo.
La situación genera debate sobre la constitucionalidad de aplicar medidas restrictivas a los migrantes en Argentina, dado que la Constitución Nacional y los tratados internacionales garantizan derechos a los extranjeros. Se cuestiona si la crisis boliviana y la afluencia de embarazadas a Argentina podría llevar a la necesidad de reformar la Constitución.
El análisis también apunta a la responsabilidad de los gobiernos anteriores en Bolivia, incluyendo la gestión de Evo Morales y Arce, quienes habrían administrado mal los recursos provenientes del petróleo y el gas, llevando al país a una crisis económica y de desabastecimiento que hoy afecta a la población y genera éxodos.