El gobernador de Santa Fe, Maxi Pujaro, asume un contexto de fragilidad institucional marcado por la crisis de seguridad y la presunta connivencia policial y judicial con el narcotráfico.
Se inaugura una cárcel de máxima seguridad al estilo Bukele, con capacidad para 1.100 personas. La provincia, clave para la exportación, es sospechosa de ser el principal punto de ingreso de droga al país.
La iniciativa, apoyada por Patricia Bullrich, busca recuperar territorio y contrarrestar el poder narco, aunque se cuestiona su efectividad como medida política y mediática más que punitiva.