Se destaca la necesidad de controlar las operaciones delictivas que se coordinan desde las cárceles, como las estafas telefónicas que se cometen a diario.
Se menciona el caso de 60 mil líneas telefónicas activas en la provincia de Buenos Aires, evidencia de la ilegalidad que opera desde los centros de detención.
Se subraya la importancia de cortar estas actividades, que a menudo se gestan en prisión y tienen graves consecuencias en la sociedad.