El futuro de aproximadamente 350.000 haitianos en Estados Unidos pende de la decisión de la Corte Suprema sobre el Estatus de Protección Temporal (TPS), medida que les permite trabajar legalmente y los protege de la deportación. El presidente Trump busca revocar el TPS como parte de su plan de deportaciones masivas, pero enfrenta obstáculos legales y un inusual consenso bipartidista en el Congreso.
Un juez federal bloqueó la cancelación y la Cámara de Representantes aprobó una prórroga, dando tiempo a los haitianos pero sin resolver su incertidumbre. Muchos de ellos llegaron a EE.UU. en su infancia, crecieron y formaron sus vidas allí, con lazos familiares y sociales estrechos. La posible cancelación del TPS los obligaría a regresar a Haití, un país sumido en múltiples crisis, con altos niveles de violencia y desplazamiento, lo que hace inviable su retorno seguro.
La decisión de la Corte Suprema es crucial, ya que se espera que considere las pruebas sobre la inseguridad en Haití. El gobierno republicano buscaría enviar a los haitianos deportados a un tercer país, dada la inestabilidad en su nación de origen.