La Corte Suprema de Colombia ha emitido un fallo histórico que define la prostitución como una forma de violencia estructural, originada en relaciones de poder desiguales y discriminación de género. La decisión implica un cambio de paradigma en la comprensión de esta práctica.
El tribunal, al revisar un caso de explotación sexual comercial, determinó que no se debe hablar de "cliente" sino de "explotadores sexuales" o "prostituyentes". La prostitución no es vista como una actividad voluntaria, sino como un sistema que reproduce desigualdades históricas y configura violencia.
Este fallo fue celebrado por el movimiento feminista, aunque generó reparos en sectores que defienden el trabajo sexual. Se destaca la diversidad de posturas legales en América Latina respecto a la prostitución, con países que la legalizan con restricciones y otros con marcos legales abolicionistas.
La decisión de la Corte Suprema colombiana busca proteger a las personas en situación de prostitución, a menudo vulnerables por la falta de un marco legal claro. El fallo reconoce la necesidad de abordar las causas estructurales de la prostitución y garantizar la protección de los derechos humanos.