Se debate sobre el proceso de nombramiento de jueces en Argentina, señalando que, si bien constitucionalmente deben ser aprobados por el Senado con acuerdo de fuerzas políticas, en ocasiones se han utilizado decretos presidenciales.
Se mencionan casos como los de Rosati y Rosencrantz, aprobados por decreto, y se cuestiona la legitimidad de dichos nombramientos, así como la supuesta kirchnerista de figuras como Parrilli.