Se critica duramente al tribunal de Comodoro Pi, calificándolo de "bandidos" y "delincuentes" que actúan con criterios políticos y no penales.
Se argumenta que si se aplicara el mismo criterio a otros dirigentes políticos, las consecuencias serían las mismas, lo que no sucede, evidenciando la politización de la justicia.
Se cuestiona la legitimidad de los jueces nombrados durante el kirchnerismo y se menciona el rol de Parrilli en la aprobación de pliegos por decreto, sugiriendo una posible influencia política.