La administración de Donald Trump ha endurecido las sanciones económicas contra Irán, enfocándose en su entramado financiero y marítimo para golpear las exportaciones energéticas del régimen. Las medidas apuntan a casas de cambio, empresas fachada y una flota de 19 buques acusados de facilitar lavado de dinero y evasión de sanciones.
Se menciona a Amine Change, una casa de cambio iraní que operaba mediante sociedades pantalla en los Emiratos Árabes Unidos, como uno de los objetivos principales. La estrategia, denominada "furia económica", busca profundizar la política de máxima presión sobre Irán, argumentando que los recursos obtenidos financian actividades desestabilizadoras en Oriente Medio, respaldan organizaciones armadas y sostienen programas militares y grupos terroristas.
Estados Unidos ofrece hasta 15 millones de dólares por información que ayude a interrumpir las redes financieras vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. En paralelo, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Besant, solicitó en París una mayor coordinación internacional para combatir el financiamiento del terrorismo y la evasión de sanciones, instando a los aliados europeos a actuar conjuntamente contra los financistas iraníes.