La justicia estadounidense presentó cargos sin precedentes contra Raúl Castro, acusándolo de asesinato por el derribo de dos avionetas de exiliados cubanos en 1996, incidente en el que murieron cuatro personas. Castro era ministro de defensa en ese momento.
Cuba reaccionó con dureza, calificando la acusación como "canalla", "manipulación deshonesta" y "provocación política". El gobierno cubano argumenta que Estados Unidos utiliza este tipo de acusaciones para ejercer presión y actuar militarmente contra estados soberanos. Para el castrismo, estos cargos representan una afrenta significativa en medio de crecientes tensiones con la administración de Donald Trump.
La Habana advirtió que cualquier intento de utilizar esta excusa para una acción contra "compañeros dentro de Cuba" se topará con una "resistencia feroz del pueblo cubano". El secretario de Estado estadounidense, de raíces cubanas, expresó su deseo de "abrir un nuevo capítulo en la relación entre nuestra gente y nuestros países", sugiriendo que quienes controlan Cuba son el obstáculo para un futuro mejor y más cercano a Washington.