El gobierno nacional anunció un aumento en el nomenclador de prestaciones para personas con discapacidad. Si bien la medida busca actualizar los valores que paga el Estado por servicios esenciales como centros de día, alimentación y terapias, existe preocupación por el atraso histórico y si el nuevo monto cubrirá los costos reales.
El padre Pablo Molero, de la Asamblea Permanente por los Derechos de las Personas con Discapacidad, explicó que el aumento, aunque necesario, parte de una base muy atrasada. Detalló que, por ejemplo, el costo del transporte pasó de $8.25 a $8.42 (un aumento de $27), la alimentación de $4.525 a $4.642 (solo $120 más por comida), y la hora de atención de un profesional (fonoaudiólogo, kinesiólogo, psicólogo) con el aumento llega a $19.346 (casi $500 más).
A pesar de que el aumento se alinea con la inflación (2,6%), el problema de fondo radica en que los costos operativos para los prestadores siguen siendo superiores a lo que se paga, lo que dificulta la continuidad de los servicios esenciales para las personas con discapacidad.