El gobierno argentino estaría acelerando la privatización de empresas públicas, incluyendo AISA (empresa de agua), como estrategia para mostrar un panorama fiscal más favorable, ante la imposibilidad de realizar nuevos ajustes. Esta medida responde a pedidos del FMI.
Se cuestiona la venta de AISA, que según datos oficiales habría pasado de un déficit millonario a un superávit neto. Los panelistas sugieren que esto se logra mediante la interrupción de obras y fuertes aumentos de tarifas, y que la empresa podría ser vendida a compañías extranjeras como Veolia.
Además, se menciona la apertura a la privatización de activos bajo la órbita de la Comisión Nacional de Energía Atómica, lo que genera preocupación por la seguridad nacional. También se denuncia la privatización de Intercargo, con un precio base inferior a sus activos corrientes y cambios en los términos y condiciones que favorecerían a empresas no conformadas en el país.