Se revela que el dueño de una de las clínicas investigadas, Santarceri, tiene antecedentes penales y fue condenado a nueve años de prisión. La clínica operaba con sellos médicos falsos, medicamentos robados y personal no habilitado, y se sospecha que se utilizaba para lavar dinero proveniente de la piratería del asfalto.
A pesar de las irregularidades, la clínica Argentina Salud en Virreyes del Pino continuaba operando. Se destaca la falta de intervención de la Superintendencia de Salud y la lentitud de los controles.
Se menciona que algunos médicos que trabajan en la clínica podrían tener matrícula, pero la habilitación del lugar estaría comprometida por su origen delictivo.
La investigación policial se inició a raíz de denuncias de falsificación de documentos y se extendió a una red de clínicas, farmacias y ambulancias privadas utilizadas para legitimar fondos ilícitos.