Se denunció una persecución judicial contra la ex Presidenta Cristina Kirchner, presentando datos del Consejo de la Magistratura que evidenciarían una "doble vara" en la aplicación de la justicia. Se cuestiona el régimen de prisión domiciliaria y los permisos de salida otorgados a la exmandataria en comparación con otros casos.
Según los datos expuestos, Cristina Kirchner tendría un porcentaje significativamente mayor de uso de tobillera electrónica y restricciones de visitas en comparación con otros detenidos con prisión domiciliaria. Se contrasta su situación con la de genocidas condenados por crímenes de lesa humanidad, quienes gozarían de mayores beneficios y libertades.
Se criticó la actuación de jueces y fiscales de Comodoro Pro, así como el rol del poder político y mediático en contra de la ex Presidenta. Se planteó que los condenados por narcotráfico en Argentina tendrían más beneficios y vía libre que Cristina Kirchner, generando interrogantes sobre la equidad del sistema judicial.