La situación en Bolivia es de extrema tensión, con bloqueos generalizados que afectan el abastecimiento y generan malestar social contra el gobierno de Rodrigo Paz. Las fuerzas de seguridad se posicionan de manera defensiva, esperando a los manifestantes, principalmente mineros, quienes tienen la capacidad de generar disturbios con dinamita.
Se reportan barricadas, alambrados y un fuerte operativo policial y militar en las calles de La Paz, especialmente en los alrededores de la Plaza Murillo, sede del gobierno. Los comercios y tribunales han sufrido saqueos, y se han registrado intentos de incendio al Palacio Quemado. La estrategia gubernamental es puramente defensiva, sin acciones contundentes contra los bloqueos.
El gobierno de Paz, que asumió hace seis meses tras ganar un balotaje, enfrenta una crisis de legitimidad social. A pesar de las medidas económicas duras implementadas para ordenar las finanzas del país, se muestra inactivo ante las protestas, lo que agrava la situación. La izquierda, con alto poder de movilización pero bajo porcentaje de voto, lidera las protestas.
Se descarta el estado de sitio, pero la inacción gubernamental y la persistencia de los bloqueos (45 en todo el país, 17 en La Paz) generan desabastecimiento y aumentan el descontento. La situación es insostenible a largo plazo, y se advierte que el gobierno no saldrá bien parado si mantiene esta postura defensiva ante la violencia de las protestas.