Organizaciones sociales bolivianas declararon el gobierno de Paz Pereira como "inviable y represivo", exigiendo su renuncia. Las protestas, que incluyen bloqueos a nivel nacional, se intensificaron debido al incumplimiento de promesas de campaña, como el bono de 2000 bolivianos para adultos mayores.
Alicia Núñez Crispín, de la Confederación Nacional de Bolivia Bartolín Aziza, afirmó que las bases no aceptarán el diálogo convocado por el presidente y continuarán las movilizaciones hasta las últimas consecuencias. Denunció que el gobierno está comprando dirigentes y ofreciendo ministerios para desmovilizar a la población.
Se acusa al gobierno de Paz Pereira de reprimir las protestas, con reportes de detenciones, torturas y la quema de la bandera que representa a las 36 nacionalidades bolivianas. Las organizaciones sociales también señalan que el avión Hércules traería gases lacrimógenos en lugar de ayuda humanitaria.