El gobierno de Bolivia expulsó a la embajadora de Colombia, Elizabeth García, declarándola persona non grata. La Cancillería boliviana calificó las declaraciones del presidente Gustavo Petro, apoyando las protestas, como una "injerencia inaceptable" y un respaldo a un movimiento desestabilizador.
El canciller Fernando Aramayo reiteró que las posturas de Petro son una injerencia directa en la política interna. El presidente Rodrigo Paz descartó cualquier propuesta de mediación internacional en la crisis.