El canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, declaró persona no grata a la embajadora colombiana Elizabeth García y la expulsó de La Paz, en respuesta a declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro.
Petro había afirmado que los bloqueos viales en Bolivia reflejan una crisis política y expresó su disposición a contribuir a una solución pacífica, calificando la situación como una "insurrección popular".
Aramayo consideró estas declaraciones como una injerencia en la soberanía y los asuntos internos de Bolivia, marcando una escalada en la tensión diplomática entre ambos países.