Los ciudadanos que participan en la contramarcha en Bolivia sospechan que las protestas contra el gobierno de Rodrigo Paz están financiadas por Evo Morales y vinculan este financiamiento con el narcotráfico. Argumentan que mantener movilizadas a estas personas durante 20 días requiere una inversión considerable que alguien debe estar cubriendo.
Niegan que las marchas sean genuinas y afirman que los manifestantes son pagados. Esta versión contrasta con la de los manifestantes que niegan recibir financiamiento de Evo Morales y reclaman por necesidades básicas. La contramarcha busca defender la democracia y al gobierno electo, acusando a los grupos opositores de querer generar caos y violencia.