Se denunció que el gobierno de Rodrigo Paz está persiguiendo políticamente a Evo Morales, buscando desviar la atención del conflicto social actual e incluso afectando su integridad en coordinación con la DEA y Estados Unidos.
Se recordó el atentado contra Luis Arce en 2019 y se afirmó que Morales es un perseguido político, con procesos iniciados sin víctimas. Las movilizaciones populares se desvincularon de Morales, calificándolas como una manifestación espontánea del pueblo boliviano contra el gobierno de Paz.