Las protestas en Bolivia se intensifican, con manifestantes enojados por la gestión administrativa del gobierno de Rodrigo Paz, particularmente por la intención de sacar al Estado del control de las reservas naturales, como el petróleo.
Los sindicalistas argumentan que estas medidas equivalen a "vender Bolivia al extranjero", en un contexto donde también pesa un pedido de captura contra el expresidente Evo Morales, acusado de pedofilia.
La situación es compleja, ya que Evo Morales, a pesar de las acusaciones, cuenta con el fuerte respaldo de una parte significativa de la sociedad boliviana, incluyendo organizaciones como los "ponchos rojos", quienes se organizan militarmente para defenderlo.
El presidente Paz se encuentra en una posición difícil, enfrentando la presión de las movilizaciones y la necesidad de abordar las demandas populares, mientras la figura de Evo Morales sigue generando controversia y polarización en el país.