Un fallo judicial en Córdoba ordena al PAMI y al Ministerio de Salud normalizar de manera urgente los pagos a prestadores de servicios para personas con discapacidad, otorgando un plazo de 72 horas.
La medida cautelar, con vigencia de seis meses, surge ante los retrasos en los pagos que venían ocurriendo desde octubre del año pasado. Si bien el PAMI afirma estar saldando deudas, colegios odontológicos han dejado de prestar servicios por la insostenible situación.
La resolución judicial obliga a restablecer los pagos, indicando que existían moras significativas. La falta de actualización de nomencladores y la demora en el pago de subsidios, vinculada al superávit fiscal, también se mencionan como factores que afectaron las prestaciones.