Se investiga una presunta red de corrupción en la Fuerza Aérea Argentina, involucrando sobrecostos en licitaciones de repuestos, mantenimiento y aeronaves.
Un empleado del Ministerio de Justicia, Claudio Rubén Cabina, actuaba como nexo con empresas prestadoras, incluyendo Pacific Ocean y Regional One, que habrían obtenido numerosas licitaciones en los últimos cinco años.
La operatoria, que trasciende gobiernos, implicaría la negociación de sobreprecios en la compra de aviones, como seis Embraer para la Fuerza Aérea. Se sospecha que se generaba la necesidad de compra de aeronaves para luego negociar precios inflados.
La investigación sugiere que estas maniobras se realizaban aprovechando que compras menores a 4 millones de dólares no requerían consulta al Ministerio de Defensa, aunque el precio final superaba ese monto.