Se denuncian sobreprecios en contratos, presuntamente destinados a robar fondos públicos, incluso afectando a personas con discapacidad.
Mientras se negaban fondos a terapeutas, se habrían generado sobreprecios en áreas relacionadas con la discapacidad, lo que evidencia un nivel de corrupción alarmante.
La falta de transparencia y la posible malversación de fondos públicos son cuestionadas, generando dudas sobre la moralidad de quienes están al frente de la gestión.