Un informe revela que al menos 50.000 teléfonos celulares estarían en manos de delincuentes en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, a pesar de que la ley prohíbe su acceso a redes sociales.
Influencers y presos cuentan sus vidas en la cárcel a través de miles de seguidores en plataformas como Instagram y TikTok, operando cuentas directamente desde las celdas. Esta situación, que comenzó a normalizarse en 2020 con la pandemia, es criticada como una "política del gobierno de Kicillof: ser amigo de los delincuentes".
Se denuncia que las cárceles estarían diseñadas para que los reclusos continúen delinquiendo desde adentro, con autorización y visto bueno de la dirigencia política provincial.