Se insta a la justicia, específicamente a la Cámara Federal de San Martín, a actuar con celeridad para rechazar el pedido del gobierno de suspender la ley de discapacidad. Se denuncia que el gobierno tergiversa la información al presentar el costo de las prestaciones como si todas las personas con discapacidad tuvieran pensión, omitiendo que la mayor parte del financiamiento proviene de los aportes a obras sociales.
Se solicita al poder legislativo que inicie un juicio político a Mario Lugones, actual Ministro de Salud, por beneficiar a las prepagas y no cumplir con la ley. Se argumenta que el gobierno está incumpliendo la ley y que la justicia debe garantizar el acceso a los derechos de las personas con discapacidad, enviando los casos a la Corte Suprema si es necesario.